Por: Transeúnte

En Nuevo León, como en otros estados de la República, el fiscal general del estado es un puesto designado por el Congreso Local, con lo que se le pretende dar autonomía a esa institución que persigue y castiga los delitos, y a los delincuentes.

Desde la época de Jaime Rodríguez, la designación del Fiscal, antes Procurador, ya no depende del Gobernador, como era la Ley, si no de un comité seleccionador que determina una lista final, que es palomeada y votada, al final, por los diputados, es decir, por los partidos políticos que representan los diputados.

Renunció el primer Fiscal designado de esta manera, que servía a los intereses del PRI y PAN.

El sustituto también emergerá, de forma similar, con un proceso que estará manipulado por el bipartidismo, que le quitó el control del puesto al Ejecutivo estatal, para tomárselo como propio.

Los organismos privados y civiles, la ciudadanía y demás actores del asunto político de la localidad, fueron extremadamente ingenuos al pensar que si le quitaban la designación al Gobernador le darían autonomía al puesto.

Autonomía, cuando es, desde el Congreso controlado por dos institutos políticos, donde se determina quién será el encargado de abogar por todos los ciudadanos.

Sí, fueron extremadamente ingenuos.