Por: Transeúnte

Mientras el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se encontraba en Egipto, vacacionando en una Cumbre climática, los diputados le metieron un golazo en el Congreso Local, al aprobar modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado para quitarle el control del nombramiento del Subsecretario de Administración Tributaria, el SAT local, que se encarga de auditorías intimidantes que ordena el mismo mandatario.

La disputa, que parece pleito de rancho, es otro más de los episodios en los que se observa la falta de oficio político de todos los involucrados en estas reyertas legales, rebajándolas a un nivel de polaka barata, en la que, por no tener argumentos para llegar a acuerdos, terminan por atacarse de una forma tan burda como nociva para la sociedad.

Los órganos fiscalizadores, como son conocidos a nivel federal, ayudan a detectar blanqueo de dinero, evasión de impuestos, delitos varios que se gestan en los escritorios, por personas supuestamente respetables y que terminan por afectar las finanzas de todos. Más o menos pasaría algo así con el SAT local, que debiera ser instrumento para atrapar a los deshonestos. Pero no. Mientras el Gober lo usa para intimidar enemigos, los diputados lo usan para quitarle poder al mandatario.

¿Y el beneficio para la ciudadanía dónde queda?