Por: Luis Gerardo Treviño / LikeMty

Tenemos que remitirnos al 5 de marzo de 1847 cuando se decretó en el estado de San Luis Potosí por su gobernador de aquella fecha Don Ramón Adame, él le dio forma legal, deje le platico; en este decreto se ordenó que se designara a tres procuradores de pobres nombrados por el gobierno y dotados con el sueldo de $1,200 (mil doscientos pesos) cada uno.  Que era mucho para ese tiempo, ya quisieran los actuales tener un salario indexado a la actualidad que fuera de ese tamaño.

Dice el decreto “Será de su obligación ocuparse exclusivamente de la defensa de las personas desvalidas denunciando ante las autoridades respectivas y pidiendo pronta o inmediata reparación sobre cualquiera exceso, agravio, vejación, maltratamiento o tropelía que contra aquellas se cometieren, ya sea en orden judicial, ya en el político o militar del estado, bien tenga su origen de parte de alguna autoridad, o bien de cualquiera otro funcionario o agente público.

Entre las atribuciones que se dieron a estos procuradores dice el decreto “podrán quejarse de palabra o por escrito según lo exija la naturaleza de la reparación y las autoridades estarán obligadas a darles audiencia en todo caso”.

Al mencionado decreto se debe que el día 5 de mes de marzo se haya instituido como el día de la defensoría pública, como muchos de ustedes saben fui designado por el H. Congreso del Estado para ser miembro del Consejo Ciudadano de la Defensoría pública en tiempos en que su director era mi amigo Santiago Piconne, pues en nuestra participación en el mencionado consejo pudimos ser testigos de muchas actividades para que se le otorgue al ciudadano que se encuentra en alguna dificultad legal y que, no cuenta con recursos económicos para pagar su defensa o asesoría legal, el estado le proporciona uno, debo mencionar que existe apoyo en las diferentes , ya sea en el área penal con magníficos y expertos defensores, me atrevo a decir que los más diestros en el sistema penal acusatorio, también existen los de la especialidad de  ejecución de sentencias que acompañan a los PPL en su proceso cuando ya están sentenciados, en el área familiar hay también muchos y muy buenos abogados que logran restablecer derechos y condiciones para las personas con conflictos de esta especialidad, hay también los abogados expertos en civil que también tienen mucha actividad en defensa de los derechos de los que menos tienen lo que es la verdadera naturaleza que justifica la existencia de estos personajes, que sin ellos no se puede garantizar la existencia de la justicia para quien no puede costearse una defensa particular. 

Pues ha sido un orgullo pertenecer a este consejo donde concurren otros consejeros que han aportado su valioso tiempo y sabiduría para fortalecer este instituto, entre ellos varios directores de las facultades de derecho más prestigiadas de  la localidad, también abogados postulante con gran experiencia, activistas y defensores de los derechos humanos, así como representante del congreso, un grupo muy bien armado y conjuntado, que durante la vigencia de este consejo se ha aportado y se ha mejorado mucho la calidad de la defensa, al grado que se llegó a tener una posición muy importante en la directiva de los institutos de la defensoría pública a nivel nacional e internacional, instituciones de las que en Nuevo León debemos estar muy orgullosos, recientemente  buscamos también que en materia de justicia administrativa  por juicios de responsabilidad de los servidores públicos para que estos se lleven a cabo totalmente apegados a derecho y al debido proceso, también pueden contar con la defensa de un especialista. Mi reconocimiento a todos los defensores públicos en su día.

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Luis Gerardo Treviño García es abogado de la FAC. D y C. de la U.A.N.L., Diplomado en Seguridad Nacional, Diplomado en Derecho Sancionador y Anticorrupción, Mediador, Ha sido presidente de Vertebra, N.L., actualmente presidente de Fortaleza Ciudadana, miembro del Primer Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, Segundo concejal Sindico del Concejo Municipal 2018. Miembro del Instituto de la Defensoría Pública, Folapac, Miembro Junta de Movilidad de Escobedo, y C. de Movilidad Segura del Municipio de Escobedo. Consejero de la FTSYDH de la UANL, Miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la F.C.C.  de la UANL. A partir de octubre del 2021 es Titular de la Dirección Intersectorial de la secretaria del Medio Ambiente del Estado de N.L.