Redacción / LikeMty

Al considerar que no afecta procesos de auditorías ni la visión o imparcialidad de los servidores públicos, la COTAI ordenó a la empresa Agua y Drenaje revocar 4 reservas de información invocadas por la Dirección de Operaciones y atender las solicitudes de información sobre pedidos de esa oficina en diferentes meses de 2020 y 2021. 

En su ponencia, el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez notificó que se ordenó entregar en versión pública, y en formato PDF, todas las solicitudes de pedido que emitió la Dirección de Operaciones, en los meses de enero y septiembre de 2020.

“Se propone al Pleno, revocar la reserva invocada, durante la substanciación de los procedimientos; por lo que, el sujeto obligado, deberá proporcionar la información requerida” comentó Sierra Gómez.

Nuevamente en expedientes del año en curso, a cargo de la ponencia del Comisionado Vocal, Francisco Guajardo Martínez, se ordenó entregar al particular copia en versión publica y PDF de todas las solicitudes de pedido emitidas por la Dirección de Operaciones en el mes julio del 2020 y de de febrero de 2021.

El sujeto obligado respondió en su momento, acumulando 14 solicitudes de información, que la información requerida podria consultarse de manera directa en las oficinas de la dependencia, a lo que el promovente se inconformó ya que la información se entregó en una modalidad distinta a la solicitada.

Posteriomente el sujeto obligado emitió una nueva respuesta en la que comunicó que la información solicitada se encontraba reservada.

“En estos expedientes se propone al Pleno revocar las respuestas otorgadas al particular, dentro de los recursos de revisión, toda vez que no se surte en la especie la reserva invocada por el sujeto obligado” dijo Guajardo Martínez.

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la fracción III de artículo 138, de la Ley de la materia, relativa a obstruir las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones. 

“Son documentos que ya fueron generados por la Dirección de Operaciones, y en ellos se advierte la actuación de las personas que llevaron a cabo dichas solicitudes, actos que quedaron plasmados en los documentos y que no pueden o deben modificarse, por lo que, de divulgarse no se variaría la actuación de los servidores públicos y en consecuencia no se afectaría la visión o imparcialidad de los auditores, ya que se está analizando que los procesos de adquisiciones se hayan realizado en base a la normativa y procedimientos que le son aplicables”, dijo Guajardo Martínez.