Ante las diversas notas periodísticas publicadas en algunos medios de comunicación local, respecto a la operación de algunos centros particulares de tratamiento de adicciones en el Estado de Nuevo León, los cuales se ejercen presuntamente en condiciones inadecuadas y de manera irregular, este Organismo Público Autónomo hace un llamado a la aplicación de medidas urgentes de control y mitigación de riesgos mediante la verificación, supervisión y regularización a los referidos establecimientos.

Preocupa a esta Comisión Estatal la situación en la que se encuentran algunos centros de tratamiento de adicciones, pues la operación no autorizada o regularizada por parte de las autoridades competentes dificulta la valoración de la prestación de servicios. Consecuentemente, al no contar con lineamientos para el ejercicio de esa actividad, incrementa el riesgo de incurrir en acciones u omisiones que constituyan violaciones a derechos humanos.

El consumo de sustancias psicoactivas ha derivado un alto costo humano, social y económico que, si bien se ha situado en la agenda de salud pública, persisten retos en el cumplimiento de proveer y supervisar la calidad de la atención que se brinda.

Al respecto, se reconoce la valiosa aportación de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a las acciones impartidas en la rehabilitación de personas que padecen de alguna dependencia a sustancias psicoactivas, en los cuales cuentan con metodologías efectivas y garantes al respeto de la dignidad de la persona.

PRÁCTICA INADECUADAS

Por otro lado, existen indicios de centros no autorizados por las autoridades respectivas, en los que bajo el propósito de contribuir en el tratamiento de una adicción, pudiesen incurrir en prácticas inadecuadas que atentan a la integridad física y emocional de las personas usuarias, dando como resultado la exacerbación de síntomas de abstinencia como la ansiedad y la agitación psicomotora sin una adecuada supervisión por parte de profesionales capacitados; además de promoverse la culpabilidad como medio de rehabilitación, lo que conduce a disminuir al sujeto en personalidad evitando abandonar y/o retrasar su condición de dependencia a sustancias diversas.

El acceso a la protección a la salud es un derecho humano reconocido por el Estado Mexicano, por tanto, las autoridades desde su ámbito competencial tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal; particularmente, proteger a aquellas personas que se encuentran en internamiento bajo un tratamiento de salud, y que, por sus condiciones particulares, las sitúen en vulnerabilidad.

Redacción / LikeMty