En su 23ª. Sesión Ordinaria, el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León aprobó multar a secretario general de Gobierno, Enrique Torres Elizondo, por no responder en tiempo a una solicitud de información dentro del plazo señalado por la ley de transparencia local.

Encabezaron la sesión, el Comisionado presidente, Bernardo Sierra Gómez, así como las y el Comisionado Vocal, María de los Ángeles Guzmán García, María Teresa Treviño Fernández y Francisco Guajardo Martínez.

“Un particular solicitó diversos documentos al Archivo General del Estado, el cual depende de la Secretaría General de Gobierno, pero no se le dio la respuesta”, explicó el Comisionado presidente.

“Al analizar el expediente no encontraron elementos para acreditar que el sujeto obligado dio respuesta la solicitud de en el plazo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, por ello, el Pleno ordenó al sujeto obligado a dar la respuesta”.

Además, dijo Sierra Gómez, se aprobó aplicar una multa de 13 mil 443 pesos a Torres Elizondo, porque se actualizar la conducta omisiva.

ALCALDESA MULTADA

También se sancionó a la alcaldesa del municipio de Vallecillo, María Lina Margarita Martínez Serna.

“A la presidenta municipal se le solicitó la relación de obras públicas realizadas en el 2019 y 2020, pero al no entregar la información el particular interpuso el recurso de revisión ante la COTAI”, relató.

“Se acordó ordenar al sujeto obligado a proporcionar la respuesta, por lo que deberá realizar la búsqueda de la documentación y ponerla a disposición del solicitante. Se le impuso también una multa por 13 mil 443 pesos por no responder en el plazo que marca la ley”.

“El sujeto obligado señaló que la información estaba reservada por estar relacionada con investigaciones que se llevaban a cabo, en ese momento, por la Procuraduría General de Justicia del Estado”, mencionó.

“La autoridad explicó que consideró reservada la información en base al artículo 138 fracciones IV y IX de la Ley de transparencia y e numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que es confidencial por contener nombres de personas físicas y morales”, informó.

“Al revisar el expediente se encontró que, en la carpeta de investigación, relacionada con la solicitud de información, se investigaban dos delitos en contra de servidores públicos, uno por delito de fraude, y otro por el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones, relacionados con hechos de corrupción precisando que no se pretende establecer, acreditar o decidir si se han cometido o no, los delitos por los que se inició la investigación”.

Redacción / LikeMty