Redacción / LikeMty

El Grupo Parlamentario del PAN arremetió contra el Gobernador de Nuevo León y a su gabinete de participar en serias acusaciones por diversos medios de comunicación. Se les señala por recurrir a artimañas legales, como la promoción de juicios de amparo ante jueces sin facultades para conocer de los procesos en otras entidades federativas como Tamaulipas, Chiapas y Estado de México, con el objetivo de obtener suspensiones de amparo notoriamente improcedentes que los protejan de denuncias y les permitan mantenerse en el poder de manera indebida en Nuevo León.

Este abuso de poder ejercido por funcionarios estatales ha alcanzado niveles alarmantes, llegando incluso al intento de imponer un gobernador interino por encima de lo establecido por la legislación correspondiente, ya que se trata de una facultad exclusiva del H. Congreso del Estado de Nuevo León para designarlo, en caso de la ausencia prolongada y temporal del Gobernador. Samuel García y su equipo jurídico intentaron imponer como interino al Secretario General de Gobierno mediante procesos amañados con jueces de diversas materias fuera del Estado de Nuevo León.

La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido crucial para detener estas prácticas ilegales. En un caso destacado, un juez en materia laboral de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional que incluso contradecía la resolución de la SCJN, lo que llevó al Consejo de la Judicatura Federal a sancionarlo y suspenderlo por 6 meses para investigarlo por favorecer ilegalmente los intereses del Gobernador y su equipo cercano.

Estas irregularidades judiciales han expuesto una red de jueces de distrito que aparentemente operan en favor del Gobernador de Nuevo León y su círculo cercano. Por ejemplo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas se declaró incompetente para seguir conociendo de un juicio que beneficiaba al entorno del Gobernador, mientras que paradójicamente, admitió un juicio promovido por el propio Samuel García y su familia para evitar acciones legales en su contra.

Estas prácticas presuntamente corruptas e ilegales ponen en peligro la integridad del sistema judicial y socavan los valores democráticos en Nuevo León. Por ello, es esencial que se investiguen a fondo estas acusaciones y se tomen medidas efectivas para restaurar la confianza en las instituciones judiciales y garantizar la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. La transparencia y la honestidad son pilares fundamentales de una democracia saludable, y el pueblo de Nuevo León merece que se defiendan estos principios con firmeza.