Redacción / LikeMty

Con el fin de armonizar y fortalecer el marco jurídico estatal de Nuevo León y para estar en concordancia con la legislación que en materia de amnistía ya existe a nivel nacional, el Grupo Legislativo de Morena, a través de la diputada Jessica Martínez y el diputado Waldo Fernández solicitaron en el pleno del Congreso, expedir Ley de Amnistía para el Estado de Nuevo León.

Lo anterior a fin de favorecer a las personas que hayan ejercitado acción penal, hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme, siempre y cuando no sean reincidentes respecto al delito, así como los que hayan sido cometidos por personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y a quienes también durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, o bien, no hayan tenido el derecho de no contar con intérpretes con conocimiento de su lengua y cultura para una adecuada interpretación, manifestó la legisladora. 

También serán favorecidos en casos como delito de aborto, delitos contra la salud, robo simple o violencia, delito de sedición.

DELITOS NO BENEFICIADOS

Agregó que no se concederá beneficio de ésta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, ni a quienes hayan cometido delito de privación ilegal de la libertad, o cuando en la comisión del delito hayan utilizado armas de fuego.

“El objetivo no es el de dejar sin la responsabilidad que merecen las personas que han cometido delitos graves como los clasificados por el marco jurídico en la materia, como secuestro y feminicidio, así mismo no se persigue dejar a nadie sin la pena que amerite, sino más bien se trata de dar a las y los nuevoleoneses la posibilidad de acceder a una revisión de su resolución de manera guata” enfatizó la diputada Jessica Martínez.

Cabe mencionar que en México ya existen algunos antecedentes de otorgamiento de amnistía, en 1976 se otorgó a grupos de estudiantes acusados de sedición en 1968, en 1978 se le concedió a más de 200 personas acusadas de sublevación, mientras que en 1994 se emitió a favor de integrantes del EZLN por delitos en Chiapas y en 2018 a más de 500 personas por distintas manifestaciones públicas.