Ricardo Alanís / Likemty

La presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos, entregó este miércoles una petición en el Congreso del Estado para que los menores que resultaron huérfanos a causa del fallecimiento del padre, la madre o ambos, por el covid-19, continúen con sus estudios básicos en el plantel en el que se encuentren registrados.

Tras entregar el escrito en la Oficialía de Partes del Congreso local, Ortiz Quintos comentó que su petición se basa en que el 22 de septiembre, México se colocaba como el tercer país a nivel mundial en cuanto a número total de menores que quedaron en orfandad, debido a la muerte de sus padres o tutores por Covid-19, con 244 mil 500 casos, según se indicó en el análisis “La orfandad ocasionada por la pandemia” publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

La entrevistada señaló que su petición específicamente se basa en que se asegure el derecho a la educación de los niños y jóvenes que quedan en orfandad por la pandemia del covid-19, para que el Estado sea solidario y garantice la permanencia de los menores en el colegio particular que estén inscritos, en el momento de la pérdida del padre o tutor.

Agregó que con ello pretenden se garantice la continuidad de sus estudios en los niveles de educación básica.

Reiteró que si se considera el número de menores que quedaron huérfanos por cada 100 decesos por el virus SARS-CoV-2, México se posicionó en primer lugar a nivel mundial con 90 casos; le siguieron la India con 87 y Colombia con 67.     

En cuanto a Nuevo León según el reporte sobre el número de casos de COVID-19 que emite la Secretaría de Salud, al 31 de octubre de 2021, el total de defunciones es de 14 mil 528.

Juan Martin Pérez, defensor de derechos de la infancia a través de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, explicó que claramente estos menores están en una condición de desprotección, ya que toda niña o niño que pierde a su cuidador primario va a tener una afectación económica, lo que significa un riesgo de que tengan que trabajar.

“Estamos hablando del derecho a la vida, a un proyecto de vida (...) el hecho de que pierdan a un cuidador primario y tenga que dejar la escuela, en automático los condena a trabajos precarios y malos salarios. A las chicas las deja con alta probabilidad de embarazos tempranos y a muchos jóvenes, que están en escenarios de crimen organizado, a ser víctimas de reclutamiento”.