El Ing. González explicó que la eliminación del glifosato producirá un aumento en los costos de producción hasta en un 300 por ciento por hectárea y se reduciría la producción de alimentos entre un 20 y 40 por ciento, afectando especialmente a los pequeños productores de los estados más pobres del país. Esta situación obligará a aumentar la importación de alimentos, alejándonos más del objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria, que el propio decreto busca lograr y aumentará la pobreza en el campo, pues los pequeños productores, al producir menos, tendrán menores ingresos para subsistir.
El Ing. González Cepeda precisó que en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, realizada por el INEGI, el principal problema que reportan los trabajadores del campo son los altos costos de insumos y servicios: “La prohibición del glifosato podría incrementar hasta en 25 veces los costos en el control de la maleza. Deshierbar una hectárea con glifosato costaba típicamente alrededor de 160 pesos y hacerlo de forma manual costaría alrededor de 4 mil pesos para la misma extensión de terreno”.
El Presidente de la UMFFAAC dijo también que la justificación que se argumenta en el decreto para prohibir al glifosato carece por completo de fundamento científico, pues dan por sentado que “distintas investigaciones científicas”, que nunca precisan cuáles son, refieren que el glifosato es nocivo a la salud y al medio ambiente.
El también vocero de la UMFFAAC añadió: “Hay más que suficiente información científica que respalda la política de países como Estados Unidos y Brasil que concluyen que NO hay evidencia científica que compruebe que el glifosato es una sustancia que cause cáncer”.
Un estudio de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) llevado a cabo en los años 2016-2017, por ejemplo, demostró que no había residuos de glifosato en alimentos en maíz, soya, leche y huevos (“no pesticide residue violations for glyphosate”). https://www.fda.gov/food/
Por su parte, la Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), concluyó en abril de 2019 que “mantiene su posición de que el glifosato no representa riesgos a la salud pública cuando se usa de acuerdo al etiquetado y que el glifosato no es carcinógeno”. En Europa, la EFSA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó en noviembre de 2015 que: “es poco probable (unlikely) que el glifosato represente un riesgo carcinogénico para los seres humanos y la evidencia existente no respalda su clasificación como carcinógeno potencial…” y la ECHA Agencia Europea de Sustancias Químicas, concluyó en marzo de 2017 que “la evidencia científica disponibles no reúnen los criterios necesarios para clasificar al glifosato como cancerígeno, mutagénico o tóxico para la reproducción”.
Otro factor que es preciso destacar es la ignorancia u omisión de funcionarios que están en contra del uso del glifosato, pues en el propio Catálogo de Plaguicidas vigente y publicado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, el glifosato está clasificado como “no carcinogénico”. El Ing. Luis Eduardo González aseveró que hay un absurdo en el gobierno: “para que buscan lo que ya tienen, si la COFEPRIS tiene clasificado al glifosato en la categoría de más baja toxicidad para que lo prohíben, es totalmente ilógico lo que están haciendo”. .
El Presidente de la UMFFAAC dijo también que “otra situación que llama la atención del decreto es que en el portal de consulta registramos 446 comentarios y posiciones a favor del uso del glifosato contra 77 observaciones o comentarios en contra. Es decir, ni siquiera este indicador fue tomado en cuenta por las autoridades para tomarse el tiempo de realizar, al menos, una serie de consultas o foros que tomaran en cuenta el parecer de los productores agrícolas y se evaluara con seriedad los costos, implicaciones y alternativas viables al uso de un producto clave para la productividad de alimentos como el glifosato”.
La decisión de prohibir el glifosato tampoco tomó en cuenta la experiencia de países como Brasil y Francia que intentaron prohibir el uso de glifosato, pero ante las consecuencias sociales y económicas de la medida tuvieron que echar marcha atrás.
El vocero de la UMFFAAC concluyó que “es necesario que la política pública del país responda a las necesidades reales del país, no a las necesidades ideológicas de funcionarios que simplemente no entienden o no les parecen relevantes las decisiones que toman en materia agropecuaria” e hizo un llamado a reconsiderar la decisión de un decreto que tendrá consecuencias muy negativas para el campo y para la economía del país.