La FMOPDH, la CNDH y la ONU-DH consideran preocupantes los señalamientos realizados por integrantes del Congreso de Quintana Roo que cuestionan a la Comisión de los Derechos Humanos de dicho estado, a su personal y a su Consejo Consultivo por cumplir con adoptar medidas su actuación para garantizar el derecho de manifestación pacífica de grupos feministas en el Estado.

Los intentos, públicos y privados, de amedrentar o socavar la actuación de defensa de los derechos humanos hacia la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo deben cesar de manera inmediata. El sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en México está previsto constitucionalmente para fungir como un contrapeso de los actos desproporcionados ejercidos por las autoridades en contra de las personas, por lo que generar condiciones adversas para su ejercicio, o bien, dirigir ataques directos en contra de su actuación, no sólo pone en riesgo ese mandato constitucional, sino que también lanza un mensaje permisivo que expone incluso a las personas que conforman estas instituciones y compromete tanto su integridad personal como la gobernanza guiada por los principios de derechos humanos en un país democrático.

Los organismos firmantes recuerdan que la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos está garantizada en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Además, diversos organismos internacionales han recomendado de forma reiterada a México que garantice la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos.

La FMOPDH, la CNDH y la ONU-DH recuerdan la importancia de las medidas precautorias o cautelares como instrumentos para evitar la consumación o agravamiento de las violaciones de derechos humanos. La solicitud de estas medidas por parte de los organismos públicos de derechos humanos debe ser recibida por las autoridades como un aporte para la identificación de situaciones de riesgo para la plena vigencia de los derechos humanos. Su correcta atención por parte de las autoridades evita que puedan incurrir en violaciones a su obligación de respetar y proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Por todo lo anterior, la FMOPDH, la CNDH y la ONU-DH hacen un respetuoso llamado  a las autoridades del Estado a pronunciarse públicamente en defensa de la autonomía de la institución y de su acción de protección de los derechos humanos, en concordancia con los Principios de París, relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.