Redacción / LikeMty

En épocas pasadas, en México, fue difícil la defensa del voto, pero, actualmente, la defensa de los derechos humanos, entre ellos el derecho al voto, prospera conforme al principio pro persona, que busca aplicar la norma más benéfica para la persona, incluyendo la Constitución y los tratados internacionales, de acuerdo con Loretta Ortiz Ahlf.

La ministra de la SCJN ofreció esta tarde la conferencia magistral Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de Derecho Internacional, ante estudiantes de la Universidad de Monterrey.

En las salas del Nivel B de Estoa, también estuvieron presentes directivos de esta casa de estudios, así como profesoras y profesores. 

Al abordar los orígenes del derecho internacional público en México, la ministra señaló que la Corte mexicana “avanzó, pero no avanzó tanto” en 2011, cuando se estableció en el artículo primero de la Constitución esta jerarquía de las normas en el sistema jurídico. 

“A partir de entonces, se establece la interpretación pro persona, que debe aplicar a la persona la norma más benéfica de todo el sistema jurídico, incluyendo a los tratados internacionales”, expuso.

“Y como normalmente los tratados garantizan de manera más amplia (los derechos), entonces, están obligados conforme al principio pro persona a aplicar la norma más garantista, que son normalmente los tratados de derecho internacional de los derechos humanos”, apuntó. 

La exconsejera de la Judicatura Federal y exconsejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que en tiempos pasados no había un medio de defensa en la Constitución de defensa del voto, incluso “a la fecha, no tenemos un solo artículo en la Constitución que haga referencia al derecho al voto”.

Sin embargo, para Ortiz Ahlf, diferentes precedentes emitidos por el alto tribunal en México han forjado bases del derecho constitucional mexicano y han permitido la aplicación de estándares del derecho internacional de los derechos humanos y, con ello, avanzar hacia el cumplimiento de obligaciones internacionales que contrajo el Estado mexicano.