Redacción/LikeMTY
El gobierno del emecista Samuel García ha sido nuevamente acusado de triangular recursos del erario hacia el despacho de abogados en el que el Gobernador es socio junto a su padre. Según una investigación de Latinus, entre marzo de 2022 y enero de 2024, el DIF estatal, presidido honoríficamente por Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador, realizó 14 pagos por un total de 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, proveedora de desayunos escolares y despensas.
Posteriormente, Distribuidora Damago, una empresa hermana de la proveedora, pagó 4.6 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, perteneciente al Gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Ambas empresas forman parte del Grupo Cimarrón, integrado por los empresarios Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz.
Este esquema no es el primero en el que el Gobierno de García se ve implicado. Anteriormente, se descubrió que la Administración había pagado casi mil millones de pesos a Suministro MYR, y que una filial de esta compañía, Proveedor de Productos Mexicanos JACE, pagó 202 millones de pesos al mismo despacho de abogados. El Gobernador intentó justificar estos pagos, pero no proporcionó pruebas convincentes.
La falta de transparencia y la recurrencia de estos esquemas de triangulación han levantado serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos en Nuevo León. Hasta la fecha, ni el Gobernador ni su despacho han ofrecido una explicación clara y detallada sobre estos movimientos financieros.
