La reforma a la Ley de Educación, presentada durante la Sesión de la Diputación Permanente, busca que se reconozca como infracción la añeja práctica de condicionar la compra de uniformes, útiles escolares, libros y otros artículos o servicios de determinados establecimientos y marcas.
“Hablando específicamente de los útiles escolares, es sabido que en algunas ocasiones las autoridades educativas exigen a los padres de familia o tutores, que dicho material sea adquirido en ciertos establecimientos o sean de ciertas marcas, con el argumento de que su uso contribuirá a elevar la calidad de la educación que se imparte”, manifestó en tribuna la Diputada priísta.
García destacó que la medida se pretende aplicar, tanto en planteles públicos como privados, ya que en ambos casos es recurrente el condicionamiento.
“El más grave de los efectos lo constituye la negación o el impedimento para acceder al servicio educativo a las niñas, niños y adolescentes que no cumplan con cada una de las especificaciones en materia de uniformes, útiles escolares, libros y otros artículos o servicios exigibles por el reglamento interno del centro escolar”, apuntó la Legisladora local.
La integrante del Grupo Legislativo del PRI explicó que las sanciones pueden ser el equivalente a cinco mil cuotas, la revocación de la autorización o el retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios y la clausura de los establecimientos educativos.
“Los efectos han sido por un lado, el gran negocio con redituables ganancias de quienes se dedican a fabricar uniformes y útiles escolares, al establecer características únicas como: el tipo y la textura de la telas, diseños específicos, la elección de colores secundarios y terciarios, acabados, marcas y bordados que personalizan cada prenda con tipografía, o de tal marca en específico, lo cual complica no sólo la compra de las prendas en cualquier establecimiento sino, que impide a los padres, madres y tutores de familia, tener acceso a los mejores precios en un mercado competitivo y bien regulado”, expresó Alejandra García.
La propuesta de modificación al artículo 120 de la Ley de Educación fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.