Ni la Procuraduría de Defensa del Consumidor, ni la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se han atrevido a sancionar los fraudulentos cobros de la empresa de la compañía transnacional Repsol.

La diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez condenó que las autoridades federales dejen de lado a millones de usuarios del gas natural para favorecer las ganancias multimillonarias de la gasera.

Recordó que en el 2011 miles de usuarios protestaron contra el incremento del 810 por ciento en la tarifa de Distribución con Comercialización, que resultó un artero golpe a la economía familiar.

En el 2005, dijo, se realizaron movilizaciones contra los aumentos excesivos y cámaras empresariales, gobierno estatal y sociedad civil conformaron el Frente Ciudadano en Defensa de la Economía Familiar exigiendo revocar la concesión a la gasera.

“Hoy, por la falta de firmeza de las autoridades, la gasera aplica aumentos más fraudulentamente que en el 2005 y el 2011”, sostuvo.

Refirió que lo más sospechoso es que la CRE dejó indexados los aumentos a las tarifas, provocando que la gasera haya cobrado cerca de diez mil millones de pesos de más.

Rodríguez Martínez sostuvo que los recientes reclamos de clientes afectados por cobros ‘al tanteo’ deben ser resueltos por la Procuraduría de Defensa del Consumidor y sancionados por la CRE.

Cuestionó a la gasera por cerrar todos sus centros de atención –excepto el de Simón Bolívar y Ruiz Cortines–, para atender las quejas a través de las redes sociales y para que los usuarios paguen en tiendas o bancos sin gastar dinero y tiempo de traslado.

“Eso es un doble engaño pues tienen que pagar comisión y al final de cuentas terminan yendo al único centro de atención, ya que por más que llaman no les contestan”, criticó.