Esto, debido a que de enero a noviembre se registraron 18 mil 915 casos de homicidios dolosos, esto implica que son 3 mil 350 más que los cometidos el año anterior. En el caso de los secuestros, aunque también tienen un incremento no es tan pronunciado como el de homicidios, se contabilizan durante el mismo periodo mil 022 casos comparados con 960 casos que se suscitaron el año anterior.

Esto viene a colación ya que, el pasado 1 de marzo el joven de 13 años Víctor Alfredo fue secuestrado al salir de la secundaria “Capitán Alonso de León” que se ubica en el centro de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, posterior a ese hecho fue asesinado aunque los plagiarios cobraron un rescate. El cuerpo lo localizaron a la altura del kilómetro 13 del Libramiento Noreste en el municipio de Escobedo, lamentablemente también en un avanzado estado de descomposición.

Por estos lamentables hechos un hombre fue detenido quien declaró haber matado al joven luego de que éste lo reconociera, porque previo a estos hechos delictivos él se desempeñaba como trabajador en una ferretería del padre. Más allá de lo triste que resulta la pérdida de cualquier vida humana,  aquí estamos ante el caso de un joven con el futuro por delante, sin embargo habría que detenerse y cuestionar por qué este hecho no causó mayor indignación y protesta en amplios sectores de la sociedad, ¿será quizá que ya se ha normalizado la violencia y la muerte como si fuera parte de nuestra vida cotidiana?

Habría que cuestionar si ante hechos de este tipo pareciera que como sociedad denunciamos más la pérdida de ciertas vidas y sí asumimos acciones diferenciadas con base en la identidad, posición social o incluso espacio geográfico donde ocurre un homicidio. En este punto, es necesario ser contundente, todas las vidas importan y todas deben ser resguardadas y denunciadas en caso de pérdida.

Toda vida debería ser igualmente importante sin considerar etnia, género, edad, o condición socioeconómica; todas las pérdidas deberían y deben generar malestar en sociedad y movilizaciones, lo que es grave es comenzar a tolerar estos hechos por percibirlos parte de la vida cotidiana, pero más grave es que unas muertes tengan mayor significado que otras por razones especialmente equívocas. Si como sociedad ponderamos la muerte en función de lo que nos separa y nos divide va a ser muy complejo hablar de igualdad y democracia. Si como sociedad lo que importa hasta en la muerte es el estatus, el prestigio y la fisonomía de las víctimas, olvidamos que con ello fracturamos la trascendencia que tiene cada vida.

Hay cosas que no se dicen porque son políticamente incorrectas, y esa corrección quizá sea menos nociva que el problema real, es importante asumir que el crimen surge en sociedades reales, valores reales y familias reales, es sustancial aceptar que las muertes importan distinto si se trata de personas marginadas o de mayores recursos, que incluso la noticia sobre una muerte tiene mayor o menor trascendencia si ocurrió en una colonia y no en otra, y es importante decirlo porque en ese mosaico social es donde surge el crimen y no en otra parte.

Todas las víctimas merecen el derecho a la verdad, a la reparación del daño pero sobre todo a la justicia, la tarea es enorme ante la magnitud de muertes que la delincuencia organizada provoca en nuestro país, y siendo así de grande el reto es abrazar los valores de justicia, equidad y universalidad de la vida, desde los cuales la indignación tiene sentido.